Con el 2016 a la vuelta de la esquina y el poder económico de los caciques regionales en pleno auge, es muy importante poner en la agenda los problemas que afronta la descentralización, que en el Perú viene de la mano con una mala demarcación territorial, el fraccionamiento de la población en poblados demasiado pequeños, la creación de movimientos políticos locales que no promueven ni comparten una visión total del país, y la ineficacia en el gasto por parte de los gobiernos subnacionales.
Los gobiernos municipales democráticamente elegidos fueron creados en 1963 gracias al impulso descentralizador que promovió Fernando Belaúnde en su primer gobierno, quien logró materializar décadas de discusión sobre cómo hacer que la administración pública no esté centralizada en Lima. Este inicio fue truncado por la dictadura de Juan Velasco Alvarado, pero volvió con la democracia el año 80, década en la cual se afianzó el poder democrático municipal y radicalmente descentralizó –cuando menos- la dinámica política del país. Sin embargo, hasta el día de hoy mantenemos el drama del fraccionamiento, manteniendo 1800 municipios cuando pudiesen haber mucho menos. Por poner un ejemplo, Brasil tiene menos de la mitad de municipios en un territorio inmensamente más grande.
A mediados de los 80´s, el APRA –por primera vez en el poder- empezó un segundo proceso descentralizador basado en las ocho regiones naturales del Perú que había tipificado Javier Pulgar Vidal; esta primera ley de regionalización buscaba articular los diferentes pisos ecológicos de nuestra complicada geografía y cambiar la demarcación territorial por departamentos - una clasificación basada en las posesiones de tierras virreinales (llamadas intendencias) y que hasta hoy no tienen mucho sentido económico o productivo. Sin embargo, como todas las dictaduras, el fujimorismo optó por cortar la descentralización, y para cuando volvió la democracia y se quiso volver a imponer la regionalización, el gobierno de Alejandro Toledo fracasó en lograr que los departamentos se unan y sobrepuso las regiones sobre los ya existentes departamentos, un esquema fracasado que hasta el momento sufrimos.
El segundo gobierno aprista optó por descentralizar el gasto, otorgándole a los gobiernos regionales y municipalidades dos tercios de los impuestos recaudados. Esto significó un impulso de empoderamiento para las regiones que se tradujo en obras para muchos peruanos, pero también vino acompañado de una corrupción inaudita y la ilusión de que la razón por la cual llegaban las obras era porque los movimientos independientes locales sí pensaban en su gente en vez de los partidos nacionales. En la realidad, sólo era que tenían mucho más dinero para gastar.
Para pensar en la regionalización hacia el futuro debemos considerar algunos puntos muy importantes: 1) el peruano, en su mayoría, se siente identificado con su provincia y no necesariamente con su departamento (ejemplo notable: los cañetanos no se sienten limeños estando en la misma región/departamento); 2) mientras que no se termine de cerrar la brecha de infraestuctura en caminos, la población seguirá aislada una con la otra y fracasarán los ordenamientos territoriales, 3) La migración a la costa por la baja productividad en algunas zonas de la tierra es algo prácticamente inevitable, 4) El 70% del territorio es selva que no tiene un esquema planificado de producción, 5)El crecimiento sostenible demanda derivar la migración hacia Lima a otras ciudades en crecimiento y 6) se debe fortalecer los organismos de control del Estado para reducir la corrupción.
El gobierno de Humala pasará a la historia como la gestión que desaceleró el país y terminó de dividir a los peruanos. ¿Podremos recuperar el crecimiento con un país descentralizado de mala manera? El 2016 será la clave para optar por una democracia fuerte y verdaderamente descentralista que recupere el sentido de República
