Nosotros no empleamos la democracia como paso o compás de espera para el socialismo o el comunismo; para nosotros, la democracia es una meta en sí. No queremos pan sin libertad como en Rusia. O libertad sin pan como en otras partes. Queremos ambas cosas. No queremos arrebatar la riqueza a los ricos para dársela a los pobres; lo que perseguimos es crear nuevas riquezas para aquellos que no tienen ninguna. No queremos dictadores desde arriba, como en el fascismo, ni dictadores desde abajo como en el comunismo.

Víctor Raúl Haya de la Torre, entrevista con el periodista Harry Hirschfeld, 23 de abril de 1946.

lunes, 29 de abril de 2013

Cara y sello de la teoría humalista de la “inclusión social” . Por Hugo Vallenas Málaga



      “Inclusión social” no es igual a “justicia social”
      Su real sentido y origen
      El humalismo obstaculiza la verdadera “Inclusión social”
      La “Inclusión social” que hace falta


Ollanta y Nadine, los “borrachitos de poder”

Un tema de actualidad política que los medios de información cubren poco y mal es la situación de los programas gubernamentales de la llamada “inclusión social”. Pese a ello, desde el pasado 11 de abril se están abriendo paso en las noticias los airados reclamos de numerosos padres de familia por la mala calidad de los alimentos que aporta el programa “Qali Warma” y la falta de cobertura en más de 17 mil colegios del país. El programa está en situación de colapso y la directora ejecutiva reconoce que un 30% de escolares del programa no es atendido.

Este es un hecho grave. La pretendida “inclusión social” –que debería ser, supuestamente, un rasgo característico del gobierno de Humala− no ha pasado de ser un paquete mal administrado de programas de subsidio a la pobreza, circunscrito a manipulaciones basadas en el clientelismo político, tal como lo hacía Fujimori.

Pero el problema no es solo administrativo. Por una parte hay un desequilibrio presupuestal que afecta a todo el sector público, resultado de la improvisación y la falta de tino presidencial frente a la desaceleración del crecimiento económico (concluido el primer bimestre del 2013, la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, fue negativa en US$ 834 millones). Por otra parte, tenemos que el diseño de los programas de ayuda y cómo se articula a un presunto modelo de desarrollo, es en conjunto un fraude. Y nada tiene que ver con lo que es o debería ser “inclusión social”. Veamos algunos detalles.

“Inclusión social” no es igual a subsidiar la pobreza

Según los voceros del humalismo las políticas de “inclusión social” tienen como fin “mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza”. Y en la definición de misión y objetivos del MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) se menciona que tiene como tarea “garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores y programas de gobierno actúen de manera coordinada y articulada”. Estas definiciones confunden “inclusión social” con “reducción de la pobreza” o auxilio a los más necesitados.

En verdad, la noción de “inclusión social” es algo muy distinto al subsidio. Surgió en las Naciones Unidas como una reforma de las antiguas políticas de compensación de la pobreza y como una respuesta constructiva a los argumentos de los neoliberales, opuestos al gasto social considerado improductivo e inflacionario.


Escolares peruanos: engañados por el programa “Qali Warma”

Los conceptos antinómicos de “exclusión social” (problema) e “inclusión social” (solución), forman parte del universo conceptual centrado en el “desarrollo sostenible” (el desarrollo económico que protege el capital humano y la salud ambiental) que actualmente promueve la ONU. La teoría sobre lo que es exclusión e inclusión social tuvo su punto de partida con Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, cuyos trabajos –desde 1970− definen la pobreza no solo en términos monetarios sino, sobre todo, como “privación de capacidades y oportunidades”.

La “exclusión social” viene a ser la ausencia extrema de oportunidades, que suele fortalecerse mediante determinadas barreras religiosas, políticas y sociales. Tal es el caso, por ejemplo, del pueblo palestino dentro del Estado de Israel. Un destacado investigador de este tema ha sido el francés René Lenoir, autor de Los excluidos: uno de cada diez franceses (Les Exclus: Un français sur dix, 1974), cuyo esquema descriptivo de la exclusión social ha sido aceptado por la ONU; este esquema selecciona, dentro de los pobres, a las minorías culturales y sexuales, los inmigrantes ilegales, los minusválidos, los jubilados, los menores abandonados y los adictos, como víctimas de la exclusión social. Siguen esta línea de análisis, entre otros, Anthony Atkinson y Eric Marlier, autores de Analizando y midiendo la inclusión social en un contexto global (2010), estudio publicado por las Naciones Unidas.

Teoría y práctica de la “inclusión social” en los años 1990

En la década de 1990, apenas caído el Muro de Berlín, empezó un debate político-académico internacional sobre la “exclusión social”. El tema adquirió repercusión mundial tras la Declaración y Programa de Acción de Viena de junio de 1993, firmada por la gran mayoría de países integrantes de las Naciones Unidas. Dicho documento expresó preocupación por las grandes masas de refugiados que llegaban a Europa occidental, provenientes de los países ex comunistas y de los países africanos y asiáticos gobernados por regímenes autoritarios.

A diferencia de otros casos de inmigración de décadas anteriores, en los que predominaba un deseo de incorporación al llamado “modelo de vida occidental”, esta vez ocurría lo opuesto, existiendo al mismo tiempo una reacción poco favorable de la población promedio europea. Pronto surgieron voces de protesta. Se denunció “racismo, xenofobia e intolerancia” contra los grupos humanos provenientes de otras culturas que no podían aceptar de un día para otro —o quizás nunca— las creencias y costumbres europeas.

El problema no se podía resolver con bonos contra la pobreza. Así se les asignara grandes sumas de subsidios, tales grupos de inmigrantes seguirían excluidos. Los países europeos optaron por poner en marcha una iniciativa comunitaria llamada EQUAL, perteneciente al Fondo Social de la Comunidad Europea (FSE). Este programa se ocupó de brindar facilidades laborales y de capacitación profesional respetando las diferencias culturales de los inmigrantes. El proyecto tuvo un importante desarrollo entre 2001 y 2007 —manejó un presupuesto comunitario de casi 3 billones de euros, más una cantidad similar proveniente de fondos nacionales de los países miembros— pero fue bruscamente interrumpido por la crisis económica internacional del 2008.

“inclusión social” en los años 1990 en América Latina

La experiencia de la iniciativa EQUAL mostró claramente en qué forma podían ponerse en práctica políticas de “inclusión social” no solo en Europa sino en cualquier país del mundo. Ayudó a definir la orientación general un Informe presentado al Congreso italiano el 11 de agosto del 2000 para la creación de una Comisión Especial de Indagación sobre la Exclusión Social (CIES-“Commisione di Indagine Sull’Esclusione Sociale”). En dicho Informe el concepto de “exclusión social” es sinónimo de marginalización y supone dos prerrequisitos, uno económico (extrema pobreza) y otro cultural (enajenación respecto a la sociedad). Como consecuencia, la “inclusión social” debe resolver ambos problemas. Esto significa la plena incorporación a la sociedad con igualdad de oportunidades. ¿Cómo? Mediante programas especiales de nivelación educativa, capacitación laboral y acceso al empleo calificado y a la creación de negocios. Y esto se realiza mediante programas que atienden necesidades específicas en beneficio de comunidades muy concretas.

Durante la primera década del siglo XXI, casi coincidiendo con el desarrollo de la iniciativa europea EQUAL, los países andinos afectados por los cultivos ilegales de coca, entre ellos, obviamente, el Perú, pusieron en marcha importantes iniciativas que se enmarcan dentro de los lineamientos de la ONU sobre “inclusión social”, sin necesidad de ostentar dicha etiqueta.

En zonas de ceja de selva de difícil acceso se brindó apoyo a comunidades nativas para que se organicen en empresas cooperativas y cultiven productos orgánicos de alta calidad (sobre todo cacao, café y palma aceitera); la cooperación internacional aportó tecnología y acceso a los mercados “prime” interesados en productos cultivados sin contaminación. Las nuevas empresas debían cumplir los más exigentes estándares de cuidado ambiental y respeto a las tradiciones ancestrales locales; pero, sobre todo, debían ser rentables.

Comunidad nativa de Bagua incorporada a los cultivos alternativos

Un proyecto importante, suscrito el año 2004 e iniciado el 2006, ha sido el desarrollo forestal sostenible de los bosques húmedos tropicales de Bagua, Amazonas, conducido por el INRENA con apoyo del Fondo Ítalo Peruano, que en su primera etapa habilitó 169 parcelas agroforestales. Un proyecto similar ha permitido que en noviembre del 2012 una delegación de productores de Utcubamba afiliados a la Cooperativa Central de Productores Agropecuarios de Amazonas (CEPROAA) presente con buen suceso materias primas y productos derivados del cacao en el Salón Internacional del Chocolate de París.  



Resultados de las experiencias en ceja de selva

Los programas de desarrollo de cultivos alternativos en las zonas más conflictivas de ceja de selva han sido conducidos por la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyas siglas en inglés son UNODC) y Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas). Ambos organismos han canalizado, a su vez, ayuda privada. Son programas de difícil conducción y no siempre son exitosos. Pero frente a los cultivos ilegales de coca son una mejor solución que el napalm o el reparto de “propinas” contra la pobreza. Entre el 2002 y el 2011 se pusieron en marcha proyectos para beneficio de comunidades ubicadas en el valle de La Convención y Lares (Cusco), el valle del Apurímac-Ene y las cuencas del Huallaga, Ucayali y Pachitea.

Hasta el año 2011 se constituyeron en forma exitosa 14 empresas de agricultores ex cocaleros comprendiendo 23 mil familias. Mientras en el año 2007, estas empresas, en conjunto, exportaron 59 millones de dólares, principalmente de café orgánico, en el año 2011 lograron exportar 150 millones de dólares en productos derivados de cultivos orgánicos de cacao, café, palmito de pijuayo y palma aceitera. Los mercados de destino están en EE UU, Alemania y Bélgica. Las empresas más importantes generadas por estos programas son la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras (COCLA), la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COPAIN), la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA), la Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro, la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho y la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde, todas ellas empresas con un buen perfil competitivo en el sector agroexportador y notables por sus políticas de equidad de género y cuidado ambiental.

Según datos de la ONUDD, al año 2011, las empresas promovidas por los programas de desarrollo alternativo lograron cultivar un total de 78 mil hectáreas; una cifra mayor que las 61,200 hectáreas de comprobada dedicación al cultivo ilegal de coca. De allí en adelante, llegado el nuevo gobierno, el desarrollo de estos programas sufrió tropiezos por la implícita complicidad entre el humalismo y los cultivadores ilegales de coca.

El humalismo obstaculiza la verdadera “inclusión social”

Durante el período 2006-2011, el Partido Nacionalista de Ollanta Humala incorporó en sus filas y llevó al Congreso, entre otros personajes, a Nancy Obregón, ex dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) de conocida trayectoria en defensa de los cultivos ilegales; y a Elsa Malpartida, ex dirigente del mismo gremio cocalero que ha tenido probada vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso (El Comercio, 1 de noviembre del 2009).

Una vez llegado el humalismo al poder, la CONCAAP inició una política de obstrucción a todas las modalidades de control de la producción ilegal de coca. Para tal efecto puso al frente de Devida a Ricardo Soberón, ex asesor parlamentario de Nancy Obregón y asesor de la CONPACCP, que desde su nuevo cargo realizó probado activismo contrario a la erradicación de los cultivos ilegales coca en las valles del Huallaga y Aguaytía (El Comercio, 2 de septiembre de 2011). Según estos personajes, los gremios cocaleros deben estar libres de presiones en nombre del derecho de las poblaciones indígenas a preservar su autonomía cultural. Es decir, deben quedar “excluidos” de la modernidad y expuestos a la influencia política del narco-terrorismo.

Como resultado, de fines del 2010 a fines del 2011, el resultado oficial de la erradicación de cultivos de coca bajó por primera vez en muchos años; descendió, de 12,033.39 hectáreas a 10,290.48 hectáreas (Perú.21, 29 de febrero de 2012, Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas). En enero de 2012, Carmen Masías Claux sustituyó al impresentable Soberón sin aportar cambio alguno y colaborando con el actual hermetismo que existe sobre las cifras de reducción de cultivos ilegales del año 2012 y lo que va de 2013. Mientras tanto, no hay nuevos programas de cultivos alternativos en las zonas cocaleras e impera, de hecho, la impunidad.

La falsa “Inclusión social” humalista

En realidad, bajo el rótulo de “Inclusión social”, el gobierno humalista ha reducido a su mínima expresión lo que en el Programa de Gobierno Aprista del 2006-2011 se llamó “Desarrollo humano integral y protección social”. Y ha creado mediante la Ley Nº 29792 de octubre de 2011 un enorme elefante blanco llamado MIDIS (Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social), cuya única función es repartir asignaciones de subsidios siguiendo directivas políticas.

Mientras en Brasil la “Inclusión social” forma parte del Ministerio de Planeamiento; y en Argentina comprende un conjunto de programas y proyectos de promoción laboral pertenecientes al Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo Humano; el esquema humalista sigue las directivas del chavismo venezolano (que llama “Misiones” a los programas de subsidios) y la verborrea del castrismo cubano (que llama “Inclusión social” al control político de las organizaciones populares por el Estado).



Elsa Malpartida y Nancy Obregón cuando eran dirigentes cocaleras

Según declaraciones de Juan Pablo Silva, viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDIS (La República, 27 de marzo de 2012), el horizonte de trabajo de su institución es atender a “4,78 millones de peruanos en situación de exclusión”, es decir, el 16% de la población del país, atendiendo a “cuatro circunstancias asociadas con exclusión” que serían los criterios de “etnicidad, lugar de residencia, educación de la madre y nivel de pobreza”. Un criterio falso, que agrupa como “excluidos” a grandes masas de peruanos de los niveles C, D y E plenamente integrados a la vida republicana y deja de lado el criterio esencial: marginalidad y desarraigo en términos económicos, sociales y culturales.

A diferencia del modelo práctico de “Inclusión social” aplicado por la ONUDD en las zonas cocaleras, que brinda acceso al mercado de capitales y de tecnología sin que ello implique lesión alguna a la identidad cultural de las comunidades nativas, el modelo humalista circunscribe la “Inclusión social” a una relación exclusiva entre los beneficiarios y el Estado, donde los operadores políticos fomentan un mensaje anti empresa privada. Sin embargo, en primeros nueve meses la efectividad del MIDIS ha sido mínima, beneficiando con sus programas a menos de 100 mil peruanos (ver Mensaje Presidencial del 28 de julio de 2012).

Para fortalecer esta falsa “Inclusión social”, el gobierno dispuso una rectificación en el Presupuesto fiscal 2013. Los programas atendidos por el MIDIS (Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, entre otros), tendrían un presupuesto de S/. 1.550 millones, 67% más que en el 2012. La promesa no se ha cumplido y súbitamente han surgido dificultades económicas que han trastocado las prioridades: solo ha sido rectificado el presupuesto de Inteligencia Militar, elevado en 776% respecto a 2010, sumando S/. 74 millones (Perú.21, 19 de abril del 2013). Sin objetivos claros y sin fondos suficientes, anunciando propuestas confusas que no son sino titulares de prensa (como el Fondo de Inclusión Social Energético-FISE y el programa Cocina Perú), la “Inclusión social” del gobierno humalista va a la deriva.

La “Inclusión social” que hace falta

El país necesita proyectos efectivos de Inclusión económica y social, que conjuguen esfuerzos de la cooperación internacional, la empresa privada y las asociaciones civiles comprometidas con el desarrollo sostenible, en el marco de un planeamiento democrático orientado por el Estado. Es indispensable fortalecer y ampliar los programas de cultivos alternativos en detrimento del cultivo ilegal de coca. Y es fundamental encontrar vías alternativas de beneficio y productividad para las poblaciones nativas marginadas ubicadas en las Áreas Naturales Protegidas.

Un importante debate actual, que parece no importarle al gobierno humalista, es el de la caducidad de la modalidad tradicional de control de los servicios ecosistémicos en las Áreas Naturales Protegidas. La prohibición del libre uso de estos recursos naturales por razones conservacionistas afecta a las poblaciones nativas, mientras el Estado es incapaz de evitar la depredación furtiva, que en algunas zonas del país es realizada por poderosos grupos organizados.

Frente a esta situación, un Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), diseñó en el año 2007 diferentes modalidades de aprovechamiento regulado de una parte de los recursos naturales protegidos para beneficio de las comunidades nativas. El grupo de Trabajo sostuvo que con el diseño adecuado y con apoyo de la cooperación internacional especializada, es posible generar una importante oferta de recursos acuíferos, energéticos, madereros, etc., que serán de interés para proyectos privados con adecuados parámetros de responsabilidad social y ambiental.

Dentro del mismo ámbito, hoy en día es de crucial importancia fortalecer el derecho sobre la tierra de las poblaciones nativas en aquellas áreas de la Amazonía deforestadas por taladores furtivos y aprovechadas por forasteros. El desplazamiento de los pobladores nativos ahonda la exclusión social y deriva en deforestación adicional al reasentarse en nuevas tierras. Para contener este problema, el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, propuso en mayo de 2009 una Ley de Servicios Ambientales e impulsó la creación de un Programa Nacional de Conservación de Bosques, que incluya la defensa del derecho a la tierra de las comunidades amazónicas. El ministro señaló en esa oportunidad que la medida era urgente porque de los 7.2 millones de hectáreas deforestadas, menos de la mitad ha sido cambiada de uso forestal a agropecuario, mientras el resto se encuentra sin vegetación o en un lento y descuidado proceso de recuperación secundaria. Por supuesto, desde el año 2011 el gobierno del señor Humala ha dejado archivada esta medida.


Inclusión social no es dar dádivas sino ayudar a producir

Bibliografía consultada
-ATKINSON, Anthony & MARLIER, Eric: Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context.
ONU, New York, 2010.
-BRACK EGG, Antonio: Perú, país de bosques. Lima, 2009.
-CEPAL: La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. ONU, CEPAL, CEPLAN, Lima, 2010.
-CEPLAN: Evolución socio-económica del Perú 1990-2010. CEPLAN, Lima, 2011.
-CEPLAN: Perú, Plan Bicentenario. CEPLAN, Lima, 2011.
-Dourojeanni M., Barandiarán A., y otros: Amazonía Peruana en 2021. Explotación de recursos naturales e infraestructura. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa para el futuro? SPDA, ProNaturaleza, DAR, ICAA, Lima, 2010.
-EUROPEAN UNION: Ex post evaluation of the EQUAL Community Initiative 2000-2006. Metis GmbH, Vienna, 2010
-HAAN, Arjan de: Social Exclusion, enriching the understanding of deprivation. World Bank, 2001.
-HAJEK, Frank, MARTÍNEZ DE ANGUITA, Pablo y otros: ¿Gratis? Los servicios de la naturaleza y cómo sostenerlos en el Perú. Servicios Ecosistémicos Perú, Lima 2013.
-LENOIR, René Lenoir: Les Exclus: Un français sur dix. Éditions de SEUIL, Paris, 1974.
-MANGABEIRA UNGER, Roberto: O que a ezquerda deve propor. Record, Rio de Janeiro, 2008
-SEN, Amartya: Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation. Oxford, 1981
-UNESCO: Social Inclusion, Social Transformations, Social Innovation UNESCO, 2012.
-UNODC: Perú: Desempeño comercial de las empresas promovidas por el desarrollo alternativo-2010. UNODC/Devida, Lima, 2011.

lunes, 15 de abril de 2013

La partida prematura de Armando. Por Santorino izquierdo


La partida prematura de Armando.

Por Santorino izquierdo


Tal como ocurriera con el lúcido y longevo Luis Alberto Sánchez en sus últimos meses, el país parecía acostumbrarse a que Armando Villanueva del Campo se indispusiera por algunos días para luego retomar con normalidad su lugar como hermano mayor de la política peruana. Esta vez no ha sido así y a todos nos sorprende. A sus 97 años, Armando no podía irse.

Los apristas ya no tienen a quién acudir para quejarse del ego de Alan García o de los pleitos entre Jorge del Castillo y Omar Quesada. Los humalistas no tienen a quién consultar una opinión sensata sobre la conveniencia o no conveniencia de la candidatura presidencial de Nadine. Los fujimoristas no tienen a quién pedirle que de una opinión honrada sobre el posible indulto a Fujimori. Los llamados “caviares” no tienen a quién preguntar por qué son tan antipáticos para la gente del pueblo. Pero sobre todo los jóvenes, no tienen a quién acudir para ser recibidos con sencillez y gentileza y ser informados en forma elocuente y colorida sobre la genialidad de Víctor Raúl y la heroica historia del Partido Aprista.
Más allá de ser el gran mediador del diálogo entre los grandes protagonistas del quehacer político y el venerable consejero de la estabilidad democrática –lo cual no es poco− Armando ha sido, él solo, con sus años y su frágil salud y desde ese conocido rincón de su biblioteca, el gran reanimador e impulsor de la cultura de partidos entre los jóvenes. En gran medida, el aprismo sigue siendo un partido con mayoría juvenil por obra de Armando. Físicamente estaba debilitado pero su mente y su lucidez política estaban en su mayor nivel de agudeza y ecuanimidad. En este “país de desconcertadas gentes” –como dijera Piérola– la experiencia y el fino sentido político de Armando Villanueva no sólo siguen siendo necesarios, son incluso indispensables. Por esta razón su partida, ocurrida el pasado 14 de abril, es, sin lugar a dudas, prematura.

Los dos libros que Armando nos deja, “La gran persecución” y “Arrogante montonero”, no obstante su gran valor documental, están, lamentablemente, muy lejos de abarcar todo el caudal de recuerdos que tirios y troyanos le pedían que escriba. De los grandes líderes de los años heroicos, Armando Villanueva es el que menos años estuvo en el exilio y el que estuvo más cerca de Haya de la Torre y más involucrado en las tareas organizativas riesgosas durante la gran clandestinidad de 1934-1945.
Armando Villanueva junto a su promoción secundaria (1932)
Colegio San Luis Maristas de Barranco

Antes de cumplir 21 años, en 1934, fue el primer secretario general de la Federación Aprista Juvenil (FAJ) al lado de Humberto Silva Solís, Susana Medrano, Manuel Cerna Valdivia y Andrés Townsend Ezcurra. Integró al año siguiente, después de su primera prisión, el primer Buró de Conjunciones que brindaba apoyo al comando nacional de acción dirigido personalmente por Haya de la Torre. Organizó la edición clandestina de La Tribuna, coordinó las comunicaciones con la organización del interior del país y con los desterrados apristas y, por supuesto, también participó en la seguridad personal de Haya de la Torre.

Su militancia en el aprismo abarca todas las épocas, legales e ilegales, duras y maduras, del largo trajinar del Partido fundado por Víctor Raúl. Entre 1938 y 1943 fue dos veces apresado y deportado y en cada ocasión reingresó al país en forma clandestina. Ocurrió otro tanto entre 1948 y 1951. El 3 de octubre de 1968 lideró la primera protesta popular contra el golpe del general Velasco y fue deportado por la dictadura militar en 1975.

Muchos recuerdan su gesto adusto en Villa Mercedes anunciando el deceso del gran maestro: “Que nadie llore. Víctor Raúl ha muerto. ¡Viva Haya de la Torre!” Y su candidatura presidencial de 1980 mostró un lema que ha sido casi una señal de identidad de su personalidad: “¡Armando tiene fuerza!”
Armando Villanueva en el Parlamento (1985)

La ausencia de Armando es hondamente sentida por su esposa Lucy Ortega de Villanueva y su familia. Pero la orfandad es mucho mayor en los CUA’s y las JAP’s de todo el país. Armando era el símbolo viviente de la continuidad del partido para todos y cada uno de los miles de jóvenes apristas. Era también la confirmación de que la juventud no es un asunto de calendarios sino de conciencia y espíritu.

El aprismo ha perdido a uno de sus líderes históricos y la democracia peruana a uno de sus más importantes defensores. La Red Virtual Ojo Izquierdo se une a este sentimiento de pesar. El dolor de hoy es el aliento para la lucha de los días venideros contra la calumnia y el rencor de los políticos mediocres que hacen de la política –como dijera Manuel González Prada− “un vil negocio culpable”.

miércoles, 10 de abril de 2013

Política y legitimidad en la práctica. Por José Luis Bulnes



José Bulnes: Compañero, filósofo y politólogo.

La política está sustantivamente asociada al hombre. Lo está porque mediante ella se tejen las relaciones humanas; es decir, la política es una práctica humana mediante la cual el hombre (el individuo) ejerce su ser social. Pero este ejercicio es espontáneo, no determinado por una elección a priori. Por ello, la política (en tanto ejercicio) está presente desde que los individuos interactúan, desde que hacen sociedad. Ahora, asociemos el ejercicio de la política con el ejercicio del poder (la capacidad de influenciar en la conducta del otro) y podríamos describir lo siguiente: la interacción humana consiste en la mutua influencia de los individuos a fin de que su conducta (social) se oriente de uno u otro modo. Esta es la interacción política, que da cuenta –internamente- del grado de poder (influencia) y describe –externamente- una pauta social.  

  Sin embargo, hasta aquí no se ha hecho sino dar cuenta del quehacer intrínseco del hombre, la política. Es preciso señalar, ahora, cómo se desarrolla esta interacción (siempre social - pública), pues el cómo ya no viene con el hombre, sino que es el resultado de una construcción previa, que implica que la sociedad elija o bien una democracia o bien un autoritarismo, teniendo en cuenta que son dos polos extremos en el sistema de gobierno. Es en este sentido que una sociedad que acuerda canalizar la interacción social bajo el marco de la democracia, aceptará (la autoridad y la ciudadanía) que el poder político se ejerza bajo un estado de derecho y con la articulación horizontal de sus instituciones. En un contexto político así, las autoridades y la ciudadanía interactúan políticamente buscando un equilibrio, en pro de la gobernabilidad de un país. Sin embargo, alrededor de este equilibrio existen interacciones humanas que buscan minarlo, pues consisten en interacciones políticas de poder. Vale decir, alrededor, en medio, desde las instituciones, o desde la ciudadanía, y en los tres niveles de gobierno, existen interacciones políticas con diversos modos de querer canalizar el poder, no obstante se encuentren en un contexto mayor de consenso democrático.

  Conviene señalar que el tipo de interacción al que hemos aludido hasta el momento hace referencia a dos tipos de conducta individual (y también social): la de aquellos que viven para la política y los que viven de la política. Los primeros, siguiendo al sociólogo  Weber, serían los operarios políticos, los segundos, los que la practican a manera de actividad rentable. Ambos tipos estarían incluidos en lo que llamamos la “clase política”. De este modo, podemos señalar que todo país posee una “clase política” cuyas interacciones (mutuas influencias) están caracterizadas por un alto grado de disputa por el poder (político). Esta clase política junto con la ciudadanía, que decide en mayoría a qué actor político transfiere el poder, deciden en conjunto el marco institucional en el que va a tener realidad el ejercicio de la política. Por ello, es importante señalar que la sagacidad de los actores políticos a fin de granjearse la legitimidad, radica en qué mecanismos crean para tener y mantener su “capacidad de negociación” con los demás actores políticos. Es aquí que conviene señalar que junto a la interacción política está, además del marco mayor de consenso en el que se disputa el poder, la tenencia de la legitimidad para actuar dentro de ese marco. Un actor político sin legitimidad, podrá participar de las interacciones políticas, pero difícilmente lo hará con éxito. Por ello, aquel actor político (colectivo o individual) que descuide el recurso de la legitimidad, habrá minado, en un alto grado, su capacidad de negociación; es decir, su capacidad de influir en el otro. A menos que decida actuar fuera de la línea del estado de derecho y la Democracia. Es así que se debe estar atento a los presupuestos detrás de todo conflicto contra el stablishment, pues pueden hilvanarse falsas legitimidades a fin de minar el consenso democrático. Generalmente, esto puede suceder cuando las autoridades o bien no han tendido un puente de diálogo, o bien las alianzas o los pactos (que se establecen en las interacciones) no han tenido en cuenta el potencial peligro de los actores con los que se han establecido dichos pactos. Es aquí que la ciudadanía, que si bien no es la “clase política”, es la opinión pública. Por ello, debe ser la llamada a diferenciar la “verdadera legitimidad”, sostenida por una constante en el crecimiento económico, el incremento del consumo individual, de la “falsa legitimidad”, estacionaria en el tiempo, contraria al desarrollo y al crecimiento.
  Así, el ejercicio de la política implica el encuentro de actores sociales con intereses diversos, ese
interés determina el cómo crean sus estrategias para influenciar dentro del marco de consenso democrático o, acaso, fuera de él. Finalmente, la diferencia consistirá en una eficaz articulación de la clase política con una ciudadanía que apueste por el desarrollo y el progreso.

martes, 9 de abril de 2013

Jorge Eliécer Gaitán, mártir de la izquierda democrática colombiana

Ver video con sonido real de Jorge Eliécer Gaitán
Por Hugo Vallenas Málaga
“Marcha del Silencio” contra la violencia en Colombia
Jorge Eliécer Gaitán Ayala, líder político colombiano de ejemplar integridad y valiente defensor de los derechos de los más necesitados, nació en Cucunubá (municipio de Cundinamarca, en la provincia del Valle de Ubaté) el 23 de enero de 1903, hace 109 años.

Murió asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948, cuando era un candidato presidencial con gran opción. Su trágica muerte desató una ola de violencia popular sin precedentes, conocida como El Bogotazo.

En el momento de la tragedia, Gaitán se preparaba para recibir en horas de la tarde a dos importantes visitantes. Uno era el joven cubano Fidel Castro, delegado de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba a la IX Conferencia Interamericana que se realizaba en Bogotá.

El otro era el líder del partido Acción Democrática, Rómulo Betancourt, caudillo de la revolución venezolana de 1945-1948, que había entregado la banda presidencial al nuevo presidente constitucional Rómulo gallegos en febrero de ese año.
Jorge Eliécer Gaitán nació en un hogar de maestros, en un poblado del municipio de Cundinamarca.

Con gran esfuerzo logró estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, donde se doctoró en Derecho y Ciencias Políticas en 1924; y en la Real Universidad de Roma, cuya sede es conocida como La Sapienza; allí se doctoró Magna Cum Laude en jurisprudencia.

Por su agresiva elocuencia y su identificación con los problemas sociales de los más necesitados obtuvo el generoso apodo de “tribuno del pueblo”. Era un ardiente cuestionador de la “oligarquía” y la “regeneración moral” de la República. Fue Congresista liberal entre 1929 y 1948. En 1933 fundó en movimiento político UNIR (Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria) y su órgano de prensa El Unirismo. Se unió al Partido Liberal y fue alcalde de Bogotá en 1936 con el presidente liberal Alfonso López (1934-1938), ministro de Educación en 1940 con el presidente liberal Eduardo Santos (1938-1942) y de Trabajo en 1943, nuevamente con el presidente Alfonso López (1942-1945). Fue candidato presidencial para el período 1950-1954.
Jorge Eliécer Gaitán mostrado como instigador de protestas
en el Parlamento. Caricatura de Pepe Gómez para la revista
“Fantoches”, Bogotá, 23 de noviembre de 1929.
 Una de las primeras gestiones de Gaitán como congresista, en 1929, fue liderar la defensa de los obreros de la United Fruit Company en la Ciénaga, Magdalena, cuyas protestas habían sido bárbaramente reprimidas, con un saldo de muertos que sigue sin poder ser aclarado. Esta “Matanza de la bananeras” es mencionada por Gabriel García Márquez en su novela Cien Años de Soledad.

Gaitán tuvo un importante rol en el triunfo contundente de los liberales en las elecciones parlamentarias del 16 de marzo de 1947. En el Senado habían obtenido 73 asientos contra 58 conservadores y en la Cámara de Diputados 34 representantes nacionales contra 29 conservadores. Se daba por descontado que la campaña presidencial de Gaitán sería abrumadora.


Desde fines de 1947 ya ocurrían incidentes violentos entre liberales y conservadores. Un acto singularmente trágico contra simpatizantes liberales que no tuvo la atención que requería por parte del presidente Mariano Ospina, llevó a Gaitán a convocar en Bogotá a una “Marcha del Silencio” de alcance multitudinario y que debilitó la imagen del presidente en funciones.

De izquierda a derecha: Fidel Castro y Enrique Ovares, dirigentes
de la FEU cubana, junto con Jorge Menvielle, dirigente universitario
mexicano, constatando la gravedad de los sucesos del “Bogotazo”.
Al mediodía del 9 de abril de 1948, un joven llamado Juan Roa Sierra, sin antecedentes políticos o policiales conocidos, le dispara con un revólver. Llevado a un hospital, Gaitán muere a las dos de la tarde. De inmediato se extiende una ola de protesta y la multitud toma las calles desatando la violencia. Es el famoso “Bogotazo”, cuya primera víctima es el propio Roa Sierra, que es linchado y rematado por la turba enfurecida.

No menos de 150 edificios del centro de Bogotá sufrieron vandalismo e incendios. Muchos buses, tranvías y automóviles tuvieron igual suerte. Al concluir la tarde el ejército dispuso que cinco tanques y numerosa tropa defendieran el Palacio de Nariño. En el enfrentamiento murió el coronel que comandaba la operación y hubo aproximadamente 3 mil muertos, la gran mayoría civiles.


La tragedia enlutó el recuerdo de Jorge Eliécer Gaitán, quien sobre todo fue un gran luchador por la democracia y la justicia social en América Latina.

Jorge Eliécer Gaitán, símbolo de la izquierda democrática colombiana


domingo, 7 de abril de 2013

[Ojo Izquierdo] Seamos demócratas, seámoslo siempre


[Ojo Izquierdo] Seamos demócratas, seámoslo siempre


A razón de la escalada política de las últimas semanas, en la que se vislumbra un panorama de confrontación política que no va a la par con los avances sociales y económicos logrados por la democracia  en los últimos 13 años, los miembros de la Red Ojo Izquierdo nos proponemos a partir de la fecha publicar regularmente nuestra posición respecto a los temas de relevancia nacional y latinoamericana para fomentar la discusión proactiva en los círculos donde se forma la opinión pública.

De esta manera, mostramos nuestra preocupación por la sospechosa parsimonia que tiene el actual gobierno peruano para deslindar de manera rápida y clara frente al presunto esquema reeleccionista, apoyado por una red de aliados y clientes políticos de diversos pelajes, sobre el cual consideramos que el país merece un pronto pronunciamiento del Presidente Ollanta Humala. Teniendo en cuenta que la denominada reelección conyugal ya ha sido utilizada en Argentina y que otras modalidades de reelección ya han sido utilizadas con éxito por otros proyectos totalitarios en como Venezuela y Bolivia –todos dirigidos por personas que han mostrado su simpatía a Humala y su inquietud militarista- tenemos todo el derecho y deber de exigir una pronta respuesta del Presidente a la población del país, única depositaria de la soberanía nacional.

Del mismo modo, no es posible que el gobierno de Humala no se pronuncie sobre el indulto al dictador Alberto Fujimori. Teniendo un parte médico que es público y la opinión de todas las fuerzas políticas en la mesa, la demora de la pareja presidencial por dar una respuesta contundente sobre el tema sólo nos hace pensar que hay un cálculo político de votos en el congreso para poder habilitar a Nadine Heredia en el congreso. Si ese no es el caso, conminamos a que el Ollanta Humala personalmente convoque a una conferencia de prensa para poder continuar con las verdaderas discusiones de fondo en el país.

Ninguna de estas cosas fuese tan grave si es que la inercia con la que el despacho presidencial está manejando estos temas delicados para la democracia no viniese con una persecución política voraz utilizando los recursos del Estado para atacar al gobierno anterior. Los peruanos debemos preguntarnos ¿Cuál es el interés del gobierno de inventar denuncias y prefabricar informes al más puro estilo fujimontesinista? Los peruanos no olvidamos que al APRA se le crearon varias comisiones investigadoras luego de su primer gobierno, haciendo tanto o más escándalo que éste. Los peruanos también somos testigos de cómo esos escándalos quedaron archivados en el Poder Judicial antes del golpe de Estado de 1992, cuando la dictadura volvió a abrir los procesos con mucha publicidad al mismo tiempo que Alan García debía escapar por su vida al extranjero. ¿Ese es el esquema que piensa utilizar Ollanta Humala?

El último agravante a este tufillo antidemocrático e inconstitucional del gobierno de Ollanta Humala es la norma que dictamina el regreso del Servicio Militar Obligatorio (SMO) para todos los que no tengan 1850 soles para pagar. Esta norma es discriminatoria y nos lleva una vez más a pensar que estamos viendo un viraje autoritario a un gobierno al cual todas las fuerzas políticas han apoyado incondicionalmente desde el inicio para un país mejor.

No olvidemos que hace ya buen tiempo que las dictaduras siempre se han autodenominado democracias. Es importante que los peruanos seamos vigilantes de que este gobierno no caiga en la tentación reelecionista y debe aclarar el panorama resolviendo el pedido de indulto a Fujimori y descartando cuanto antes el regreso del cuartelazo y la discriminación del SMO.

Lima, 07 de abril de 2013