—
“Inclusión social” no
es igual a “justicia social”
—
Su real sentido y
origen
—
El humalismo
obstaculiza la verdadera “Inclusión social”
—
La “Inclusión social”
que hace falta
Ollanta y Nadine, los “borrachitos de poder”
Un tema de actualidad
política que los medios de información cubren poco y mal es la situación de los
programas gubernamentales de la llamada “inclusión social”. Pese a ello, desde
el pasado 11 de abril se están abriendo paso en las noticias los airados
reclamos de numerosos padres de familia por la mala calidad de los alimentos que
aporta el programa “Qali Warma” y la falta de cobertura en más de 17 mil
colegios del país. El programa está en situación de colapso y la directora
ejecutiva reconoce que un 30% de escolares del programa no es atendido.
Este es un hecho grave.
La pretendida “inclusión social” –que debería ser, supuestamente, un rasgo
característico del gobierno de Humala− no ha pasado de ser un paquete mal
administrado de programas de subsidio a la pobreza, circunscrito a
manipulaciones basadas en el clientelismo político, tal como lo hacía Fujimori.
Pero el problema no es
solo administrativo. Por una parte hay un desequilibrio presupuestal que afecta
a todo el sector público, resultado de la improvisación y la falta de tino
presidencial frente a la desaceleración del crecimiento económico (concluido el
primer bimestre del 2013, la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones
e importaciones, fue negativa en US$ 834 millones). Por otra parte, tenemos que
el diseño de los programas de ayuda y cómo se articula a un presunto modelo de
desarrollo, es en conjunto un fraude. Y nada tiene que ver con lo que es o
debería ser “inclusión social”. Veamos algunos detalles.
“Inclusión
social” no es igual a subsidiar la pobreza
Según los voceros del humalismo las políticas de
“inclusión social” tienen como fin “mejorar la calidad de vida de la población
en situación de vulnerabilidad y pobreza”. Y en la definición de misión y
objetivos del MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) se menciona
que tiene como tarea “garantizar que las políticas y programas sociales de los
diferentes sectores y programas de gobierno actúen de manera coordinada y
articulada”. Estas definiciones confunden “inclusión social” con “reducción de
la pobreza” o auxilio a los más necesitados.
En verdad, la noción de “inclusión social” es algo muy
distinto al subsidio. Surgió en las Naciones Unidas como una reforma de las
antiguas políticas de compensación de la pobreza y como una respuesta
constructiva a los argumentos de los neoliberales, opuestos al gasto social
considerado improductivo e inflacionario.
Escolares peruanos: engañados por el programa “Qali Warma”
Los conceptos
antinómicos de “exclusión social” (problema) e “inclusión social” (solución),
forman parte del universo conceptual centrado en el “desarrollo sostenible” (el
desarrollo económico que protege el capital humano y la salud ambiental) que
actualmente promueve la ONU. La teoría sobre lo que es exclusión e inclusión
social tuvo su punto de partida con Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998,
cuyos trabajos –desde 1970− definen la pobreza no solo en términos monetarios
sino, sobre todo, como “privación de capacidades y oportunidades”.
La “exclusión social”
viene a ser la ausencia extrema de oportunidades, que suele fortalecerse
mediante determinadas barreras religiosas, políticas y sociales. Tal es el
caso, por ejemplo, del pueblo palestino dentro del Estado de Israel. Un
destacado investigador de este tema ha sido el francés René Lenoir, autor de Los excluidos: uno de cada diez franceses
(Les Exclus: Un français sur dix,
1974), cuyo esquema descriptivo de la exclusión social ha sido aceptado por la
ONU; este esquema selecciona, dentro de los pobres, a las minorías culturales y
sexuales, los inmigrantes ilegales, los minusválidos, los jubilados, los
menores abandonados y los adictos, como víctimas de la exclusión social. Siguen
esta línea de análisis, entre otros, Anthony Atkinson y Eric Marlier, autores
de Analizando y midiendo la inclusión
social en un contexto global (2010), estudio publicado por las Naciones
Unidas.
Teoría y práctica de la “inclusión social” en
los años 1990
En la década de 1990, apenas
caído el Muro de Berlín, empezó un debate político-académico internacional
sobre la “exclusión social”. El tema adquirió repercusión mundial tras la Declaración
y Programa de Acción de Viena de junio de 1993, firmada por la gran mayoría de
países integrantes de las Naciones Unidas. Dicho documento expresó preocupación
por las grandes masas de refugiados que llegaban a Europa occidental,
provenientes de los países ex comunistas y de los países africanos y asiáticos
gobernados por regímenes autoritarios.
A diferencia de otros casos
de inmigración de décadas anteriores, en los que predominaba un deseo de
incorporación al llamado “modelo de vida occidental”, esta vez ocurría lo
opuesto, existiendo al mismo tiempo una reacción poco favorable de la población
promedio europea. Pronto surgieron voces de protesta. Se denunció “racismo,
xenofobia e intolerancia” contra los grupos humanos provenientes de otras
culturas que no podían aceptar de un día para otro —o quizás nunca— las creencias y costumbres
europeas.
El
problema no se podía resolver con bonos contra la pobreza. Así se les asignara
grandes sumas de subsidios, tales grupos de inmigrantes seguirían excluidos.
Los países europeos optaron por poner en marcha una iniciativa comunitaria
llamada EQUAL, perteneciente al Fondo Social de la Comunidad Europea (FSE).
Este programa se ocupó de brindar facilidades laborales y de capacitación profesional
respetando las diferencias culturales de los inmigrantes. El proyecto tuvo un
importante desarrollo entre 2001 y 2007 —manejó un presupuesto comunitario de
casi 3 billones de euros, más una cantidad similar proveniente de fondos
nacionales de los países miembros— pero fue bruscamente interrumpido por la
crisis económica internacional del 2008.
“inclusión social”
en los años 1990 en América Latina
La
experiencia de la iniciativa EQUAL mostró claramente en qué forma podían
ponerse en práctica políticas de “inclusión social” no solo en Europa sino en
cualquier país del mundo. Ayudó a definir la orientación general un Informe
presentado al Congreso italiano el 11 de agosto del 2000 para la creación de
una Comisión Especial de Indagación sobre la Exclusión Social (CIES-“Commisione
di Indagine Sull’Esclusione Sociale”). En dicho Informe el concepto de “exclusión
social” es sinónimo de marginalización y supone dos prerrequisitos, uno económico
(extrema pobreza) y otro cultural (enajenación respecto a la sociedad). Como
consecuencia, la “inclusión social” debe resolver ambos problemas. Esto
significa la plena incorporación a la sociedad con igualdad de oportunidades.
¿Cómo? Mediante programas especiales de nivelación educativa, capacitación
laboral y acceso al empleo calificado y a la creación de negocios. Y esto se
realiza mediante programas que atienden necesidades específicas en beneficio de
comunidades muy concretas.
Durante la primera década del
siglo XXI, casi coincidiendo con el desarrollo de la iniciativa europea EQUAL,
los países andinos afectados por los cultivos ilegales de coca, entre ellos,
obviamente, el Perú, pusieron en marcha importantes iniciativas que se enmarcan
dentro de los lineamientos de la ONU sobre “inclusión social”, sin necesidad de
ostentar dicha etiqueta.
En zonas de ceja de selva de
difícil acceso se brindó apoyo a comunidades nativas para que se organicen en
empresas cooperativas y cultiven productos orgánicos de alta calidad (sobre
todo cacao, café y palma aceitera); la cooperación internacional aportó
tecnología y acceso a los mercados “prime” interesados en productos cultivados
sin contaminación. Las nuevas empresas debían cumplir los más exigentes
estándares de cuidado ambiental y respeto a las tradiciones ancestrales
locales; pero, sobre todo, debían ser rentables.
Comunidad nativa de Bagua incorporada a los cultivos alternativos
Un proyecto importante,
suscrito el año 2004 e iniciado el 2006, ha sido el desarrollo forestal
sostenible de los bosques húmedos tropicales de Bagua, Amazonas, conducido por
el INRENA con apoyo del Fondo Ítalo Peruano, que en su primera etapa habilitó
169 parcelas agroforestales. Un proyecto similar ha permitido que en noviembre
del 2012 una delegación de productores de Utcubamba afiliados a la Cooperativa
Central de Productores Agropecuarios de Amazonas (CEPROAA) presente con buen
suceso materias primas y productos derivados del cacao en el Salón
Internacional del Chocolate de París.
Resultados de las experiencias en ceja de selva
Los programas de desarrollo de
cultivos alternativos en las zonas más conflictivas de ceja de selva han sido conducidos
por la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyas
siglas en inglés son UNODC) y Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas). Ambos organismos han canalizado, a su vez, ayuda privada. Son
programas de difícil conducción y no siempre son exitosos. Pero frente a los
cultivos ilegales de coca son una mejor solución que el napalm o el reparto de
“propinas” contra la pobreza. Entre el 2002 y el 2011 se pusieron en marcha
proyectos para beneficio de comunidades ubicadas en el valle de La Convención y
Lares (Cusco), el valle del Apurímac-Ene y las cuencas del Huallaga, Ucayali y
Pachitea.
Hasta el año 2011 se
constituyeron en forma exitosa 14 empresas de agricultores ex cocaleros
comprendiendo 23 mil familias. Mientras en el año 2007, estas empresas, en
conjunto, exportaron 59 millones de dólares, principalmente de café orgánico,
en el año 2011 lograron exportar 150 millones de dólares en productos derivados
de cultivos orgánicos de cacao, café, palmito de pijuayo y palma aceitera. Los
mercados de destino están en EE UU, Alemania y Bélgica. Las empresas más
importantes generadas por estos programas son la Central de Cooperativas
Agrarias Cafetaleras (COCLA), la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo
(COPAIN), la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia
(CECOVASA), la Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro, la Cooperativa Agraria
Cafetalera El Quinacho y la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde, todas
ellas empresas con un buen perfil competitivo en el sector agroexportador y
notables por sus políticas de equidad de género y cuidado ambiental.
Según datos de la ONUDD, al año
2011, las empresas promovidas por los programas de desarrollo alternativo
lograron cultivar un total de 78 mil hectáreas; una cifra mayor que las 61,200
hectáreas de comprobada dedicación al cultivo ilegal de coca. De allí en
adelante, llegado el nuevo gobierno, el desarrollo de estos programas sufrió
tropiezos por la implícita complicidad entre el humalismo y los cultivadores
ilegales de coca.
El humalismo obstaculiza la verdadera
“inclusión social”
Durante el período 2006-2011,
el Partido Nacionalista de Ollanta Humala incorporó en sus filas y llevó al
Congreso, entre otros personajes, a Nancy Obregón, ex dirigente de la
Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras
del Perú (CONPACCP) de conocida trayectoria en defensa de los cultivos
ilegales; y a Elsa Malpartida, ex dirigente del mismo gremio cocalero que ha
tenido probada vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso (El Comercio, 1 de noviembre del 2009).
Una vez llegado el humalismo al
poder, la CONCAAP inició una política de obstrucción a todas las modalidades de
control de la producción ilegal de coca. Para tal efecto puso al frente de
Devida a Ricardo Soberón, ex asesor parlamentario de Nancy Obregón y asesor de
la CONPACCP, que desde su nuevo cargo realizó probado activismo contrario a la
erradicación de los cultivos ilegales coca en las valles del Huallaga y Aguaytía
(El Comercio, 2 de septiembre de
2011). Según estos personajes, los gremios cocaleros deben estar libres de
presiones en nombre del derecho de las poblaciones indígenas a preservar su
autonomía cultural. Es decir, deben quedar “excluidos” de la modernidad y
expuestos a la influencia política del narco-terrorismo.
Como resultado, de fines del
2010 a fines del 2011, el resultado oficial de la erradicación de cultivos de
coca bajó por primera vez en muchos años; descendió, de 12,033.39 hectáreas a
10,290.48 hectáreas (Perú.21, 29 de
febrero de 2012, Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes de las Naciones Unidas). En enero de 2012, Carmen Masías Claux
sustituyó al impresentable Soberón sin aportar cambio alguno y colaborando con
el actual hermetismo que existe sobre las cifras de reducción de cultivos
ilegales del año 2012 y lo que va de 2013. Mientras tanto, no hay nuevos
programas de cultivos alternativos en las zonas cocaleras e impera, de hecho,
la impunidad.
La falsa “Inclusión social”
humalista
En realidad, bajo el
rótulo de “Inclusión social”, el gobierno humalista ha reducido a su mínima
expresión lo que en el Programa de Gobierno Aprista del 2006-2011 se llamó
“Desarrollo humano integral y protección social”. Y ha creado mediante la Ley
Nº 29792 de octubre de 2011 un enorme elefante blanco llamado MIDIS (Ministerio
de Desarrollo y de Inclusión Social), cuya única función es repartir
asignaciones de subsidios siguiendo directivas políticas.
Mientras en Brasil la
“Inclusión social” forma parte del Ministerio de Planeamiento; y en Argentina
comprende un conjunto de programas y proyectos de promoción laboral
pertenecientes al Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo Humano; el
esquema humalista sigue las directivas del chavismo venezolano (que llama
“Misiones” a los programas de subsidios) y la verborrea del castrismo cubano
(que llama “Inclusión social” al control político de las organizaciones
populares por el Estado).
Elsa Malpartida y Nancy Obregón cuando eran dirigentes
cocaleras
Según declaraciones de Juan Pablo Silva, viceministro de
Políticas y Evaluación Social del MIDIS (La
República, 27 de marzo de 2012), el horizonte de trabajo de su institución
es atender a “4,78 millones de peruanos en situación de exclusión”, es decir, el
16% de la población del país, atendiendo a “cuatro circunstancias asociadas con
exclusión” que serían los criterios de “etnicidad, lugar de residencia,
educación de la madre y nivel de pobreza”. Un criterio falso, que agrupa como
“excluidos” a grandes masas de peruanos de los niveles C, D y E plenamente
integrados a la vida republicana y deja de lado el criterio esencial:
marginalidad y desarraigo en términos económicos, sociales y culturales.
A diferencia del modelo práctico de “Inclusión social”
aplicado por la ONUDD en las zonas cocaleras, que brinda acceso al mercado de
capitales y de tecnología sin que ello implique lesión alguna a la identidad
cultural de las comunidades nativas, el modelo humalista circunscribe la
“Inclusión social” a una relación exclusiva entre los beneficiarios y el
Estado, donde los operadores políticos fomentan un mensaje anti empresa
privada. Sin embargo, en primeros nueve meses la efectividad del MIDIS ha sido
mínima, beneficiando con sus programas a menos de 100 mil peruanos (ver Mensaje
Presidencial del 28 de julio de 2012).
Para fortalecer esta falsa “Inclusión social”, el gobierno
dispuso una rectificación en el Presupuesto fiscal 2013. Los programas
atendidos por el MIDIS (Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, entre otros),
tendrían un presupuesto de S/. 1.550 millones, 67% más que en el 2012. La promesa no
se ha cumplido y súbitamente han surgido dificultades económicas que han
trastocado las prioridades: solo ha sido rectificado el presupuesto de
Inteligencia Militar, elevado en 776% respecto a 2010, sumando S/. 74
millones (Perú.21, 19
de abril del 2013). Sin objetivos claros y sin fondos suficientes, anunciando
propuestas confusas que no son sino titulares de prensa (como el Fondo de
Inclusión Social Energético-FISE y el programa Cocina Perú), la “Inclusión
social” del gobierno humalista va a la deriva.
La “Inclusión social” que hace
falta
El país necesita proyectos efectivos de Inclusión
económica y social, que conjuguen esfuerzos de la cooperación internacional, la
empresa privada y las asociaciones civiles comprometidas con el desarrollo
sostenible, en el marco de un planeamiento democrático orientado por el Estado.
Es indispensable fortalecer y ampliar los programas de cultivos alternativos en
detrimento del cultivo ilegal de coca. Y es fundamental encontrar vías
alternativas de beneficio y productividad para las poblaciones nativas
marginadas ubicadas en las Áreas Naturales Protegidas.
Un importante debate actual, que parece no importarle al
gobierno humalista, es el de la caducidad de la modalidad tradicional de
control de los servicios ecosistémicos en las Áreas Naturales Protegidas. La prohibición
del libre uso de estos recursos naturales por razones conservacionistas afecta
a las poblaciones nativas, mientras el Estado es incapaz de evitar la
depredación furtiva, que en algunas zonas del país es realizada por poderosos
grupos organizados.
Frente a esta situación, un Grupo de Trabajo
del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), diseñó en el año 2007 diferentes modalidades
de aprovechamiento regulado de una parte de los recursos naturales protegidos
para beneficio de las comunidades nativas. El grupo de Trabajo sostuvo que con
el diseño adecuado y con apoyo de la cooperación internacional especializada,
es posible generar una importante oferta de recursos acuíferos, energéticos,
madereros, etc., que serán de interés para proyectos privados con adecuados
parámetros de responsabilidad social y ambiental.
Dentro
del mismo ámbito, hoy en día es de crucial importancia fortalecer el derecho sobre
la tierra de las poblaciones nativas en aquellas áreas de la Amazonía deforestadas
por taladores furtivos y aprovechadas por forasteros. El desplazamiento de los
pobladores nativos ahonda la exclusión social y deriva en deforestación
adicional al reasentarse en nuevas tierras. Para contener este problema, el ministro
del Ambiente, Antonio Brack Egg, propuso en mayo de 2009 una Ley de Servicios
Ambientales e impulsó la creación de un Programa Nacional de Conservación de
Bosques, que incluya la defensa del derecho a la tierra de las comunidades
amazónicas. El ministro señaló en esa oportunidad que la medida era urgente
porque de los 7.2 millones de hectáreas deforestadas, menos de la mitad ha sido
cambiada de uso forestal a agropecuario, mientras el resto se encuentra sin vegetación
o en un lento y descuidado proceso de recuperación secundaria. Por supuesto,
desde el año 2011 el gobierno del señor Humala ha dejado archivada esta medida.
Inclusión social no es dar dádivas sino ayudar a
producir
Bibliografía
consultada
-ATKINSON,
Anthony & MARLIER, Eric: Analysing
and Measuring Social Inclusion in a Global Context.
ONU, New York, 2010.
-BRACK EGG, Antonio:
Perú, país de bosques. Lima, 2009.
-CEPAL: La hora de la igualdad. Brechas por cerrar,
caminos por abrir. ONU, CEPAL, CEPLAN, Lima, 2010.
-CEPLAN: Evolución
socio-económica del Perú 1990-2010. CEPLAN, Lima, 2011.
-CEPLAN: Perú, Plan Bicentenario.
CEPLAN, Lima, 2011.
-Dourojeanni M., Barandiarán A., y otros: Amazonía
Peruana en 2021. Explotación de recursos naturales e infraestructura. ¿Qué está
pasando? ¿Qué significa para el futuro? SPDA,
ProNaturaleza, DAR, ICAA, Lima, 2010.
-EUROPEAN
UNION: Ex post evaluation of the EQUAL
Community Initiative 2000-2006. Metis GmbH, Vienna, 2010
-HAAN, Arjan de: Social Exclusion, enriching the understanding of deprivation. World Bank, 2001.
-HAJEK, Frank,
MARTÍNEZ DE ANGUITA, Pablo y otros: ¿Gratis?
Los servicios de la naturaleza y cómo sostenerlos en el Perú. Servicios
Ecosistémicos Perú, Lima 2013.
-LENOIR, René Lenoir: Les
Exclus: Un français sur dix. Éditions de SEUIL, Paris, 1974.
-MANGABEIRA UNGER, Roberto: O
que a ezquerda deve propor. Record, Rio de Janeiro, 2008
-SEN, Amartya: Poverty and Famines: An
Essay on Entitlements and Deprivation. Oxford, 1981
-UNESCO: Social Inclusion, Social Transformations,
Social Innovation UNESCO, 2012.
-UNODC: Perú: Desempeño comercial de las empresas
promovidas por el desarrollo alternativo-2010. UNODC/Devida, Lima, 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario